SGAE aplaza su asamblea a 2020 para garantizar la seguridad jurídica tras el requerimiento del Ministerio de Cultura

En su escrito, el Ministerio obliga a SGAE a incumplir el artículo 27 de sus Estatutos vigentes, según el cual pedir la baja de la SGAE acarrea la pérdida del derecho al voto en la Asamblea General Extraordinaria

La decisión de aplazar la Asamblea ha sido adoptada por amplia mayoría y sin votos en contra en el seno de la Junta Directiva

La SGAE pide al Ministerio neutralidad y lealtad institucional y estudia la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo al considerar que con este requerimiento se extralimita en sus funciones de tutela

La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha acordado por amplia mayoría (treinta y dos votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra), en su reunión de hoy, el aplazamiento de la Asamblea General Extraordinaria, prevista para el próximo 15 de octubre, hasta comienzos del año 2020. Esta decisión se ha tomado tras el último requerimiento enviado por la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, a petición de un socio de la SGAE (en representación de tres editoriales multinacionales), con fecha del 11 de septiembre.

Tras escuchar las consideraciones de los servicios jurídicos, la Junta Directiva ha determinado que la Asamblea General Extraordinaria, en la cual se iban a votar los nuevos Estatutos, se celebraría sin garantías jurídicas dada la “paradoja” legal generada por el requerimiento del Ministerio de Cultura. Según los técnicos, la SGAE se enfrentaba a una contradicción: no cumplir sus estatutos vigentes -cuyo artículo 27 establece que los socios que hayan solicitado la baja pierden su derecho a voto- podría llevar a una impugnación de la Asamblea por parte del resto de los socios; mientras que cumplirlos podría desencadenar acciones por parte del Ministerio de Cultura de graves consecuencias para la entidad, tal y como se desprende de su escrito.

Al aplazarse la Asamblea General Extraordinaria a principios de 2020, quienes finalmente no hayan ejecutado la baja en el último semestre de 2019 seguirán formando parte de la entidad, disipándose de esta forma cualquier duda en relación a los derechos legal y estatutariamente reconocidos a los socios de SGAE. Con esta decisión, la Junta Directiva pretende evitar la situación de inseguridad jurídica generada por el requerimiento del Ministerio, salvando cualquier riesgo de que la votación de los nuevos Estatutos pudiera ser declarada nula, ya que la aprobación de los mismos es de vital trascendencia para la entidad por suponer la adaptación de sus Estatutos a la nueva Ley de Propiedad Intelectual.

Junto a esta decisión, la Junta Directiva de la SGAE estudia la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo contra el nuevo requerimiento de la Subdirección General de Propiedad Intelectual, por considerar que dicho requerimiento empuja a la entidad a incumplir el artículo 27 de los Estatutos, que la entidad considera legal y ajustado a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones. Otro de los argumentos jurídicos en los que se basará el recurso es la supuesta injerencia del Ministerio, al considerar que con el citado requerimiento ha excedido sus competencias de tutela.

En este proceso, la entidad cuenta con el asesoramiento del letrado José Ángel Castillo, magistrado en excedencia y socio y codirector del departamento de Derecho Público del despacho de abogados Aguayo-Ejaso, el mismo que presentó las alegaciones a la petición de intervención judicial por parte del Ministerio de Cultura este mismo año, intervención que fue denegada por la Audiencia Nacional.

Según el criterio “estrictamente jurídico” de Castillo, “este requerimiento incurre en una extralimitación de las funciones de tutela y fiscalización que la Ley de Propiedad Intelectual le atribuye al Ministerio de Cultura en relación a la SGAE y, además, afecta al poder de auto organización de una asociación privada”.

SGAE pide lealtad institucional en el 120 aniversario

Más allá de los argumentos legales, la Junta Directiva de la SGAE lamenta que, desde el Ministerio de Cultura, no se esté adoptando una posición de neutralidad y respeto a los procedimientos de la SGAE, a la que solicita que apruebe con urgencia los nuevos Estatutos al tiempo que introduce dificultades serias para que el proceso de aprobación se desarrolle con normalidad. Una vez más, la Junta Directiva de la SGAE tiende la mano al Ministerio de Cultura y expresa su deseo de colaborar en un marco de respeto mutuo, lealtad institucional y búsqueda de iniciativas comunes que redunden en beneficio de la entidad, sus socios y los autores españoles en general.

La Junta Directiva de la SGAE pide disculpas a los socios por este aplazamiento, al que se ha visto abocada para proteger su derecho a una Asamblea General Extraordinaria con todas las garantías, puestas en cuestión por el requerimiento ministerial.

De igual manera, la Junta Directiva de la SGAE reitera su compromiso con los autores y con la gestión colectiva de sus derechos, justamente en el año en que se cumple el 120 aniversario de la entidad. Una ocasión que, considera, debe servir para abrir una nueva etapa en la defensa de los derechos de los autores en un contexto como el actual, donde la globalización y el auge de lo digital va a requerir unidad, esfuerzo y cooperación por parte de todos los actores comprometidos con la cultura en España.